González-Sinde y el mal olor

Querido Teo:

Las líneas que vienen a continuación son producto de la ignorancia. Ignoro la razón por la que las webs que se lucran con contenidos ajenos no han sido cerradas ya por la justicia. Tampoco conozco ningún nombre propio, a pesar de haber mirado los últimos números de la revista Forbes, de millonarios españoles lucrados en Internet. Tampoco entiendo bien el objetivo de una reunión de un ministro con ¡14 blogueros!. Para hablar de un asunto global complejo, aunque no tengo nada en contra de que el ministro de agricultura se reúna con doce pastores para comentar como afecta la producción de metano animal al calentamiento global. Por no saber, ni siquiera se combinar las impresiones, "muy positiva, importante e interesante" las de González-Sinde y decepcionadas las de los bloggeros, con las que ha terminado la reunión. Sólo puedo suponer que “los 14” no son de los que se están lucrando con derechos ajenos y temen que les cierren el gran negocio, porque el gobierno ha demostrado que sólo se reúne con piratas cuando hay vidas en juego. Tampoco me es posible conocer que piensa la oposición política de todo esto ya que las reacciones del vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, en vez de recordarnos, o ayudarnos a saber cual es la alternativa de su partido, sólo nos remiten al mensaje de salida del contestador automático del PP: “Estás intentando hablar con el Partido Popular, en cualquier caso pedimos la dimisión de todo el gobierno, puedes dejar tu mensaje después del grito de la gaviota”. Pero sobre todo tengo problemas para entender como en un mundo donde las copias son cada vez más fáciles y baratas, se puede sostener un sistema económico de mercado basado en la venta de copias al precio del pasado.

Y por fin, llego a algo sobre lo que no tengo dudas: es una memez culpabilizar al usuario de Internet en todo esto. El usuario siempre es el que paga y no es cierto que haya dejado de hacerlo. El usuario español está pagando las comunicaciones más caras de su entorno europeo, y está pagando un canon digital que no satisface aparentemente a nadie. Si no está pagando por contenidos de ocio que antes pagaba es porque puede hacerlo pagando por las comunicaciones en lugar de por el producto, y aprovechando las posibilidades de compartir que ofrece una tecnología que él no ha inventado. Desde luego que es posible recortar esa posibilidad, pero eso no nos devolverá a la situación anterior y no hay ley de sostenibilidad viable que vaya a conseguirlo. La posibilidad de los cierres administrativos sin intermediación judicial es una tentación permanente de los gobiernos porque les hace más fácil la tarea de adoptar decisiones sin hacerlas pasar por propuestas electorales sometidas a las urnas, pero caer en esa tentación produce un olor desagradable. La reacción a la defensiva de muchos usuarios de Internet está basada en una desconfianza general previa ante el mal olor amenazante de declaraciones más “sentimentales” que inspiradas en el conocimiento y la información. Es el mismo olor que rodea a menudo a la recolección y administración de los derechos de autor. Por más que ha insistido en que no se pretende perseguir al usuario, González-Sinde se ha ganado esa desconfianza tontamente porque su papel no es el de cerrar a nadie nada, sino el de llevar a cabo un programa del gobierno al que se ha sumado, y donde deben concretarse las propuestas socialistas sobre un asunto tan importante, para que los ciudadanos las refrendemos o no, en las elecciones convencionales. Las crisis de la industria del entretenimiento no son actuales, en el caso de la música se retrotraen al nacimiento de la casete, y en el caso del cine al del video, y su agravamiento ha sido lento y progresivo. Si en nuestras leyes no se contempla lo que nos ocupa, que nos propongan otras de frente, sin decretos-ley para emergencias inexistentes ni sistemas de urgencia parlamentaria. Y si esas leyes son suficientes para defendernos de los abusos, que se cumplan, y veamos lo que pasa. Pero en cualquier caso no es bueno que pase por una disposición que introduzca la posibilidad de interrumpir Internet, previa autorización judicial, a aquellos abonados que descarguen archivos protegidos por derechos de autor, encargándose una comisión tutelada por el Ministerio de Cultura, que es lo que ha provocado las críticas de la Asociación de Internautas.

Carlos López-Tapia