Cine en serie: "El peso de la justicia", el bufete también se sienta en el banquillo

Querido Teo:

Defender a un acusado forma parte de las garantías de cualquier sistema judicial. Cuando el abogado se convierte en cómplice necesario, o directamente en delincuente, empieza ese mal olor que tanto juego da en la ficción. La serie sueca sigue a un bufete penalista de Estocolmo y a las personas que trabajan en sus zonas más complicadas. El bufete Matsson & Moradi reúne a algunos de los abogados defensores más solicitados del país. Kalle Matsson es el socio principal: competente, reconocido y cada vez más absorbido por el trabajo. Sasha Moradi tiene talento y olfato para el éxito, pero también una inclinación peligrosa por el dinero, el estatus y la seducción del poder. Oscar, un abogado joven que quiere ascender, aprende pronto que los clientes y sus familias pueden ejercer una presión que no figura en los escritos judiciales. La llegada de Tilde, la más joven y recién incorporada al despacho, nos permite mirar ese mundo desde fuera antes de que ella también quede atrapada en sus reglas.

El creador, Jens Lapidus, conoce bien el terreno. Antes de convertirse en escritor de novela negra, trabajó durante años como abogado penalista en Estocolmo. Esa experiencia da a la serie una familiaridad con la rutina profesional que no depende de los grandes discursos tan habituales en las series norteamericanas del género. La atención al cliente, la preparación del caso, la exposición pública y las lealtades que se van acumulando alrededor de un despacho, la parte "trasera" es lo que caracteriza a esta serie. Tiene un tono sobrio y un ritmo ágil. Se interesa más por lo que ocurre antes y después que por el espectáculo del juicio. En los pasillos, las conversaciones privadas y las decisiones que cada abogado intenta justificar es donde se aprecia el trabajo.

La historia avanza con dos asuntos que ponen a prueba a los protagonistas. Sasha se implica en un caso de agresión sexual con una carga personal creciente. Kalle asume la defensa de un dirigente de una banda criminal, un proceso de enorme atención pública.

El reparto de esos encargos tiene consecuencias profesionales, familiares y mediáticas. La serie va alternando puntos de vista y no necesita convertir a cada personaje en una figura ejemplar. Sus abogados pueden ser eficaces y, al mismo tiempo, mezquinos; cercanos a sus clientes y, a la vez, incapaces de controlar lo que esa cercanía les exige.

Ahí está el dilema que más me interesa. Defender a una persona acusada de un delito no convierte automáticamente a su abogado en cómplice; tan claro como que la defensa penal es una garantía básica: también quien está acusado de los peores hechos tiene derecho a un abogado que examine las pruebas y haga valer la ley. El problema comienza en otro sitio. Una cosa es proteger al cliente dentro del proceso; otra, aceptar regalos, ocultar el origen de un dinero, mover fondos sin justificación profesional o crear sociedades para disimular quién controla un patrimonio.

"El peso de la justicia" trabaja bien ese filo. Un programa de la televisión pública sueca reunió, tras la emisión de la serie, a su creador, una fiscal, un abogado defensor y un periodista especializado en sucesos para hablar de sus semejanzas con la realidad. La conclusión fue matizada: los profesionales reconocían situaciones y dilemas, aunque consideraban que la ficción los había intensificado para darles fuerza dramática.

El abogado Kristofer Stahre contó que había recibido ofertas de regalos de clientes y resumió su respuesta con una regla sencilla: "Es importante cerrar la puerta de inmediato". La escena en la que un cliente ofrece a Sasha un coche a buen precio tiene, por tanto, una raíz reconocible, aunque no permita afirmar que esa conducta sea habitual entre los abogados. El punto ciego: contar sin confundir

Quería añadir a este comentario sobre la serie una pregunta: ¿cuántos abogados o colegios profesionales se han comprometido con intereses políticos o económicos hasta poner en peligro su independencia? No he encontrado una cifra general que permita responderla con rigor.

No existe un recuento comparable que mida cuántos profesionales, despachos o corporaciones han cruzado deliberadamente esa línea. Contar sanciones disciplinarias no equivale a contar delitos; contar expedientes tampoco demuestra culpabilidad. Y mezclar la defensa legítima de un acusado con la colaboración consciente en un fraude sería una injusticia.

Sí podemos localizar puntos ciegos. El Grupo de Acción Financiera Internacional y la OCDE describen cómo algunos intermediarios profesionales (entre ellos abogados, asesores fiscales y contables) pueden facilitar delitos fiscales, sobornos y corrupción al diseñar estructuras societarias o financieras difíciles de rastrear. La palabra decisiva es "algunos": la advertencia se refiere a quienes saben que están facilitando el delito, no a la profesión entera.

El informe de la unidad de inteligencia financiera de la policía sueca permite concretar la cuestión. Entre 2016 y 2023, el Colegio de Abogados de Suecia abrió 331 expedientes de supervisión y cerró 303. El informe añade que no remitió ninguno a la autoridad administrativa regional, pese a que esa vía podía desembocar en medidas sancionadoras. No son 331 abogados condenados ni 331 pruebas de corrupción. Son expedientes de supervisión.

La misma unidad policial advierte que la información disponible sobre la implicación de abogados en el blanqueo es insuficiente y que se comunican muy pocas operaciones sospechosas relacionadas con cuentas de clientes. Entre los factores que señala están la confianza que inspira la profesión y la dificultad de los bancos para conocer los movimientos de esas cuentas.

El vacío no significa que el control sea imposible. En 2025, el órgano de supervisión del propio Colegio sueco comunicó cinco advertencias disciplinarias por incumplimientos de la normativa contra el blanqueo. En tres casos, las firmas fueron remitidas a la autoridad regional, que impuso sanciones económicas. El Colegio describió esas sanciones como las primeras contra despachos de abogados bajo esa normativa. Es un avance y, a la vez, una señal de que las cuentas de clientes y el cumplimiento de las reglas necesitan controles sostenidos.

También existen condenas firmes. La policía sueca recoge el caso de un abogado condenado en 2022 a tres años de prisión por blanqueo agravado en el ámbito empresarial, en 40 ocasiones. En 2023, el Tribunal Supremo sueco condenó a otro abogado por una transferencia desde la cuenta de fondos de clientes hacia la pareja de su cliente. Son ejemplos documentados, no una medida de cuántos abogados delinquen.

Sirven para precisar dónde mirar: pagos a terceros que no son el cliente, uso de cuentas del despacho sin necesidad jurídica clara, empresas pantalla, beneficiarios ocultos y movimientos internacionales cuyo propósito real no se explica.

En España, la pregunta sobre la independencia de los colegios profesionales tiene un caso reciente y controvertido. En noviembre de 2025, la Comunidad de Madrid autorizó un centro universitario promovido por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y adscrito a la Universidad Complutense. La Complutense, que es pública, expediría los títulos; el centro sería gestionado por el ICAM. Por eso, no es exacto hablar de una universidad privada concedida a un colegio. Se trata de un centro universitario privado adscrito a una universidad pública.

La autorización llegó mientras el ICAM intervenía como acusación popular en la causa contra el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de datos sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La coincidencia temporal llevó a asociaciones de abogados y a representantes políticos a cuestionar la neutralidad del Colegio y a relacionar ambas actuaciones.

El ICAM rechazó las insinuaciones de trato de favor o pago por servicios y sostiene que el proyecto universitario se anunció en 2022 y empezó a tramitarse formalmente en 2023, antes de su intervención en esa causa. Esa cronología no demuestra por sí sola ni una contrapartida ni la ausencia de cualquier conflicto; conviene dejar que la acrediten los hechos.

También hay una disputa jurídica y económica. El Gobierno central recurrió la autorización y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha permitido que avance el examen del fondo del asunto. Entre las objeciones figuran si un colegio profesional puede impartir títulos oficiales y las dudas planteadas durante el procedimiento sobre la viabilidad económica y los posibles conflictos con otras universidades. El ICAM defiende la legalidad del centro. A fecha de hoy, no hay una sentencia definitiva que resuelva la controversia.

Este caso no permite concluir que el Colegio haya perdido su independencia ni que la autorización fuera una recompensa política. Sí muestra por qué conviene examinar con claridad quién toma las decisiones, qué intereses económicos entran en juego, qué controles se aplican y cómo se gestionan los posibles conflictos. Un colegio profesional puede defender legítimamente a sus miembros y participar en asuntos judiciales; también debe explicar sus decisiones cuando su actuación coincide con intereses políticos y con proyectos que pueden generar ingresos.

Ese matiz también ayuda a leer la serie. El abogado no es solo un posible colaborador del poder económico. Es una pieza necesaria para que el poder, sea criminal o legítimo, tenga que responder ante la ley. El riesgo aparece cuando la confidencialidad, la técnica jurídica y la respetabilidad del despacho sirven para ocultar una operación que no tiene nada de defensa.

La pregunta de "El peso de la justicia" no es si los abogados deben defender a clientes impopulares. Es si pueden seguir llamándose defensores cuando usan su oficio para ayudar a que el dinero, la influencia o la impunidad lleguen intactos al otro lado del juzgado.

La serie recibió el premio Kristallen al mejor drama televisivo sueco de 2026. Kit Walker Johansson obtuvo, además, el premio de interpretación de reparto por su trabajo como Oscar. El reconocimiento encaja con una ficción que encuentra su mejor material en las relaciones del despacho y en las decisiones que sus personajes toman cuando creen que nadie está mirando.

Vídeo

"El peso de la justicia" puede verse en España en Filmin

Carlos López-Tapia