Cine en serie: "Mayor of Kingstown", las cárceles de Estados Unidos y los negocios del castigo

Cine en serie: "Mayor of Kingstown", las cárceles de Estados Unidos y los negocios del castigo

1 Sarcofago2 Sarcofagos3 Sarcofagos4 Sarcofagos5 Sarcofagos (Sin votaciones)
Cargando...

Deja tu comentario >>

Querido Teo:

En el condado de Luzerne, Pensilvania, un adolescente podía comparecer ante un juez por una infracción menor y terminar encerrado en un centro de detención. Detrás de algunos de aquellos internamientos existía un negocio que acabó pasando a los tribunales federales. Dos jueces, Mark Ciavarella y Michael Conahan, participaron en una trama de pagos indebidos vinculada a centros privados para menores. La justicia anuló miles de resoluciones juveniles y las investigaciones llevaron a prisión a responsables del escándalo. El caso, conocido como "niños por dinero", parece una exageración escrita para una serie de televisión. Ocurrió de verdad. "Mayor of Kingstown" imagina una localidad cuya economía gira alrededor de las cárceles. Su ficción junta en unos pocos kilómetros el poder policial, la delincuencia organizada y la negociación clandestina.

El sistema penitenciario estadounidense es más grande, disperso y burocrático que esa ciudad inventada, pero el incentivo económico del encierro resulta perfectamente reconocible. Cada recluso necesita alojamiento, alimentación, transporte, vigilancia, asistencia sanitaria y comunicaciones. Alrededor de esas necesidades se han construido negocios privados, unos sujetos a contratos públicos y otros dependientes del gasto de las familias.

Conviene distinguir los ámbitos. Las prisiones estatales alojan generalmente a personas condenadas por delitos bajo jurisdicción de cada estado; las federales responden a otra administración. Las cárceles de condado o locales, conocidas como "jails", reciben a numerosos detenidos en espera de juicio y a condenados a penas breves. A ellas se añaden los centros de detención de inmigrantes, cuya finalidad administrativa y régimen jurídico difieren de los penitenciarios, aunque la privación de libertad también genera ingresos para contratistas. Mezclar todos estos establecimientos produce estadísticas espectaculares y conclusiones equivocadas.

El último gran balance nacional de presos estatales y federales que he utilizado aquí corresponde a 2023 y se publicó en septiembre de 2025. Contabilizaba algo más de 1,25 millones de personas bajo esas jurisdicciones. Unas 88.600 se encontraban en establecimientos penitenciarios privados, alrededor del 7%. Es una minoría del total, pero lo bastante numerosa para sostener empresas especializadas. Además, esa cifra deja fuera buena parte de la detención migratoria y de otros contratos asociados a las prisiones.

Dos compañías concentran buena parte del debate público: CoreCivic y GEO Group. Gestionan establecimientos y servicios mediante acuerdos con administraciones, y han diversificado su actividad hacia el alojamiento y control de personas sometidas a procedimientos migratorios. Cobran por prestar servicios previstos en un contrato, con fórmulas que pueden depender de plazas, disponibilidad, ocupación y otras condiciones. Por tanto, la relación entre número de internos y beneficio varía según el acuerdo concreto. La pregunta política aparece cuando una empresa cuyo negocio depende de decisiones públicas contribuye también a financiar la actividad electoral de quienes participan en esas decisiones.

Las relaciones financieras están documentadas. Según un análisis publicado en 2025 por Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), las dos grandes empresas, sus comités, filiales y directivos aportaron en conjunto cerca de 2,8 millones de dólares a iniciativas vinculadas a la campaña de Donald Trump de 2024 y a su investidura. La organización agrupó contribuciones de distinta naturaleza, que conviene distinguir jurídicamente. Un documento oficial de declaración de actividades políticas de GEO registra, por ejemplo, una aportación de 500.000 dólares al fondo de investidura Trump-Vance en diciembre de 2024, además de donaciones de su comité político a candidatos y estructuras republicanas.

El error judicial añade una dimensión que ningún balance de contratos puede resolver. El Registro Nacional de Exoneraciones documentó 97 absoluciones exculpatorias correspondientes a 2025 en su informe publicado al año siguiente. En al menos 70 casos encontró conductas indebidas de autoridades. Entre las personas exoneradas se acumulaban más de 1.300 años perdidos en prisión, una media superior a catorce por persona. Son casos que han podido esclarecerse y documentarse; la estadística no permite calcular directamente cuántas condenas erróneas siguen sin corregirse.

El escándalo de Luzerne ilustra algo todavía más inquietante: allí el destino de los menores se vio afectado por incentivos ilegales vinculados a la construcción y funcionamiento de centros de internamiento. El Departamento de Justicia federal informó de las condenas penales y de la anulación de miles de sentencias juveniles. La trama resulta especialmente grave porque quien debía controlar la legalidad de la privación de libertad participó en su corrupción. En la ficción, Mike McLusky necesita conocer a los poderosos para negociar; en Luzerne, algunos poderosos estaban sentados en el estrado.

El sistema público tampoco ofrece garantías automáticas. La violencia entre internos, el aislamiento, la falta de atención sanitaria y los abusos de poder han sido investigados en centros de distintas titularidades. La masificación y las condiciones de las "jails" afectan de manera especial a personas que aún no han sido condenadas. La desigualdad económica se observa incluso antes del ingreso: poder pagar la fianza o disponer de una defensa eficaz puede transformar la trayectoria de un acusado.

La película "En el nombre del padre" (1993) hablaba de otra justicia y de otro país, pero su pregunta sigue siendo comprensible: ¿qué sucede cuando el procedimiento se convierte en una máquina que avanza más deprisa que la rectificación del error?

En España existe participación privada en suministros, servicios auxiliares y determinadas prestaciones vinculadas a centros públicos, pero el modelo general de gestión penitenciaria difiere del estadounidense: la ejecución y administración de las prisiones corresponden a las administraciones públicas competentes. La comparación ayuda a distinguir entre contratar servicios para una cárcel y entregar a una empresa la explotación integral de un establecimiento con ánimo de lucro.

"Mayor of Kingstown" inventa pactos secretos y acumula muertes para sostener el suspense. La realidad emplea palabras menos cinematográficas: licitación, cláusula contractual, comité de financiación, investigación administrativa, recurso judicial. Cuando esas palabras se ordenan en un expediente, pueden contar historias tan duras como las de la serie. La diferencia decisiva es que en un drama el guionista siempre puede encontrar una salida para sus personajes; un preso injustamente condenado necesita que alguien encuentre y demuestre la verdad.

Vídeo

Vídeo

Vídeo

"Mayor of Kingstown" puede verse en España en SkyShowtime

Carlos López-Tapia

¿Compartes?:
  • email
  • PDF
  • Print
  • RSS
  • Meneame
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • FriendFeed
  • LinkedIn

Comentarios

Suscríbete
Notificar
guest
0 Comentarios
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios
0
Me encantaría conocer tu opinión, comenta.x
()
x