Cine en serie: "Mayor of Kingstown", las cárceles y el negocio del miedo

Cine en serie: "Mayor of Kingstown", las cárceles y el negocio del miedo

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Querido Teo:

En "Mayor of Kingstown", una ciudad entera depende de sus cárceles. Los presos proporcionan trabajo a funcionarios, contratos a proveedores y capacidad de influencia a quienes administran el sistema. Taylor Sheridan y Hugh Dillon convierten esa economía en un thriller, pero la pregunta que dejan sobre la mesa es perfectamente real: ¿cuánto cuesta encerrar a una persona, quién cobra por ello y hasta dónde puede llegar la empresa privada?

Cada preso cuesta al contribuyente una cantidad diaria que incluye mucho más que alojamiento y comida: vigilancia, trabajadores, edificios, traslados y, según las cuentas utilizadas, servicios sanitarios e inversiones. Para disponer de una referencia breve, estas son cinco cifras aproximadas, extraídas de estadísticas oficiales o informes especializados de años recientes:

* España: unos 78 euros diarios, obtenidos al dividir el presupuesto penitenciario estatal de 2023 entre los internos gestionados por esa Administración. Es una referencia parcial: excluye las administraciones penitenciarias de Cataluña y el País Vasco y determinados costes.

* Francia: unos 129 euros diarios por interno en 2024, según el Ministerio de Justicia.

* Italia: unos 150 euros diarios en 2025, de acuerdo con el cálculo de la asociación Antigone sobre el presupuesto penitenciario.

* Inglaterra y Gales: unas 164 libras diarias, alrededor de 60.000 libras anuales por recluso en las prisiones públicas durante 2024-2025.

* Alemania: unos 218 euros diarios en Baden-Wurtemberg en 2025, según su Ministerio de Justicia. Se trata expresamente de una referencia regional, con inversiones incluidas: la gestión penitenciaria corresponde a los estados federados y no existe aquí una cifra nacional homogénea que permita atribuir ese coste a toda Alemania.

Son magnitudes reales, pero la comparación es aproximativa. Los períodos y conceptos contables difieren. Especialmente el cálculo español, más limitado, no puede interpretarse como una demostración de que España mantenga presos por una tercera parte del coste alemán. Conviene leer las cantidades como órdenes de magnitud y observar, después, qué compra cada administración con ese dinero.

En España, Italia y Alemania, el ejercicio de la autoridad penitenciaria permanece fundamentalmente en manos públicas. Las empresas construyen, mantienen, suministran y prestan determinados servicios. Francia ha extendido más la llamada "gestión delegada": la custodia y las decisiones sobre los presos siguen siendo públicas, pero contratistas privados se ocupan de cocinas, lavanderías, mantenimiento y otras actividades. Inglaterra y Gales dieron un paso adicional en los años noventa: determinadas prisiones pasaron a ser gestionadas íntegramente por compañías bajo contrato gubernamental. Entre los operadores figuran Serco y Sodexo.

El argumento favorable a la privatización promete competencia, flexibilidad y ahorro; el contrario señala el riesgo de economizar en personal o servicios esenciales y la dificultad de supervisar a un contratista que trabaja con personas incapaces de cambiar de proveedor. Los problemas de Lowdham Grange, devuelta al control público en 2024, muestran que el Estado conserva la responsabilidad incluso cuando ha entregado la gestión. Las empresas reciben fondos públicos y persiguen un margen. Cada fallo puede acabar costando más que la cantidad ahorrada en el contrato.

Las cuentas penitenciarias europeas han aumentado por salarios, envejecimiento de instalaciones, necesidades de seguridad y, en determinados países, masificación. Francia prácticamente duplicó en términos nominales su dotación penitenciaria entre 2010 y 2025. La pregunta sobre la eficacia del gasto sigue abierta: además de mantener la seguridad, una prisión debería procurar que quien sale tenga menos posibilidades de regresar.

En España, el otro gran mercado de la seguridad se ofrece por mensualidades. Una alarma doméstica combina sensores, una central receptora y un protocolo de actuación. La publicidad suele sugerir una protección permanente. Conviene leer lo que realmente se compra: la detección de una posible intrusión, la verificación de la señal y, cuando procede, el aviso a los cuerpos policiales. La patrulla que interviene la pagan los contribuyentes, incluidos quienes jamás han contratado una alarma.

La Orden INT/316/2011 exige a las centrales verificar inmediatamente las señales y comunicar las alarmas confirmadas a la policía. Una empresa puede ofrecer, si consta en el contrato, custodia de llaves o el envío de personal de comprobación. Ese vigilante carece de las facultades de los agentes públicos. La compañía debe mantener operativos los medios comprometidos, aplicar los procedimientos de verificación y transmitir los avisos con la diligencia exigida. Si incumple sus obligaciones, puede afrontar consecuencias administrativas y, según el contrato y las circunstancias, responsabilidad civil. La existencia de un robo o una ocupación, por sí sola, no prueba que la empresa haya incumplido ni la convierte en garante absoluto del domicilio.

Tampoco puede prometer prioridad policial. Una alarma verificada aporta información y puede favorecer una respuesta rápida, pero son los agentes quienes valoran y atienden la incidencia conforme a sus competencias y a los recursos disponibles. La empresa cobra por su servicio de vigilancia electrónica y enlace; no compra una policía particular para el abonado.

La ocupación de viviendas aparece constantemente en la publicidad de alarmas, aunque el dato más repetido rara vez describe el riesgo de una familia corriente. El Ministerio del Interior registró 14.875 hechos conocidos de allanamiento y usurpación de inmuebles en España durante 2025, frente a 16.426 en 2024: un descenso del 9,4%. Son hechos denunciados o conocidos por la policía, no un censo de viviendas particulares arrebatadas a sus habitantes. Y la estadística difundida no separa los allanamientos de morada de las usurpaciones de inmuebles deshabitados, ni identifica cuántos corresponden a hogares particulares, locales u otras propiedades.

Por tanto, no existe en esa serie pública una cifra verificable que permita afirmar cuántas primeras o segundas viviendas de familias fueron ocupadas en 2025. Dar un número preciso sería inventarlo. Sería deseable que la administración ofreciera el dato, y cabe preguntarse que lo impide.

La distinción jurídica cambia completamente el problema. Una primera residencia y una segunda vivienda utilizada para la vida privada pueden constituir morada aunque sus habitantes estén ausentes durante una temporada. Entrar en ellas contra la voluntad de sus ocupantes puede ser allanamiento de morada. Ocupar un inmueble que no es morada puede constituir usurpación, con un procedimiento distinto. También los conflictos derivados de impagos de alquiler tienen otra naturaleza. Mezclar todos los supuestos en una sola cifra convierte una estadística heterogénea en una amenaza doméstica aparentemente universal.

Hay un indicio adicional de escala, aunque tampoco mide ocupaciones consumadas de viviendas habituales: en 2023 se registraron 269 condenas firmes por allanamiento de morada, según datos judiciales trasladados por el Gobierno al Congreso. Es una cantidad de sentencias dictadas ese año, no de entradas ilegales cometidas durante él, y el delito puede afectar a espacios de morada sin que se produzca una ocupación prolongada. Precisamente por eso sería incorrecto utilizarla como si fuera el número anual de familias expulsadas de sus casas.

La alarma puede advertir del acceso y dejar constancia de su momento. Su capacidad para impedirlo depende, sin embargo, de otras defensas materiales y de la reacción posterior. La Policía Nacional recomienda cerrar siempre con llave, reforzar puertas y bombines, evitar señales de ausencia prolongada y contar con vecinos que alerten ante movimientos sospechosos. Una puerta resistente dificulta la entrada; una alarma puede adelantar el aviso. Ninguna estadística policial de alcance general acredita que la suscripción doméstica evite un porcentaje fijo de ocupaciones o robos.

Esto obliga a mirar la publicidad con cuidado. Si un anuncio presenta la ocupación de la vivienda habitual como un fenómeno masivo, utiliza una conclusión que las cifras disponibles no sostienen. Si transmite que instalar una alarma garantiza el desalojo inmediato, atribuye a una empresa facultades que corresponden a la policía y, en su caso, a los tribunales. El conocido supuesto plazo de 48 horas tampoco constituye una regla general que haga perder al dueño la protección de su morada. La actuación depende de la situación concreta, la flagrancia, las pruebas y el marco legal.

Existe una utilidad real en la vigilancia electrónica, especialmente en viviendas aisladas o que pasan temporadas vacías. También existe un incentivo comercial para magnificar el temor: el cliente asustado es más receptivo a otra cuota, otro detector y un contrato más largo. Esa tensión merece una vigilancia tan exigente como la que se pide para los negocios penitenciarios.

"Mayor of Kingstown" sitúa el negocio alrededor de los muros de una cárcel. La industria de las alarmas lo sitúa al otro lado de la puerta de casa. En ambos casos hay riesgos auténticos, servicios que pueden resultar necesarios y empresas que buscan beneficios. La cuenta final debería incluir siempre dos preguntas: qué parte de la seguridad se paga privadamente y qué parte seguimos pagando todos, con nuestros impuestos. Y que nadie se llame a engaño, los impuestos son la clave más contrastada de equilibrio y paz social .

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"Mayor of Kingstown" puede verse en España en SkyShowtime

Carlos López-Tapia

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