"El hijo del oligarca" (II)

En "El hijo del oligarca", Zac Brettler se inventa un padre ruso y una fortuna heredada. Aunque tiene la estructura de una novela negra o criminal, no es ficción. La impostura fue verosímil porque Londres ofreció durante años un escenario donde el dinero postsoviético se convirtió en propiedades, inversiones y relaciones de prestigio. ¿Qué queda de aquel ecosistema y qué vínculos con las élites británicas están probados, discutidos o solo insinuados?

Título: "El hijo del oligarca"

Autor: Patrick Radden Keefe

Editorial: Seix Barral

Para entender por qué Zac eligió precisamente la máscara de un heredero ruso, hay que hacer "flashback" hasta la caída de la Unión Soviética. A comienzos de los años noventa, el Estado ruso puso en marcha una privatización masiva. La idea de distribuir acciones entre la población convivió con ventas opacas, empresas mal valoradas y una administración débil. En 1995 llegó el mecanismo conocido como "préstamos por acciones": bancos privados prestaban dinero al Gobierno y recibían como garantía participaciones en grandes compañías estatales. Si el Estado no devolvía el préstamo, los prestamistas podían quedarse con ellas.

La fórmula concentró recursos estratégicos (petróleo, metales e industria) en manos de un grupo pequeño de financieros y empresarios. Un estudio del Fondo Monetario Internacional describe cómo las subastas favorecieron a actores con acceso privilegiado y cómo los nuevos oligarcas financiaron la campaña de reelección de Borís Yeltsin en 1996, consolidando su influencia política. No fue el capitalismo de manual, con competidores iguales y reglas imparciales, si es que tal manual sigue en funcionamiento en algún lugar. En todo caso, fue una acumulación acelerada en la que la proximidad al poder y el control de activos públicos podían valer más que la innovación o el trabajo.

Borís Berezovski, Román Abramóvich y otros nombres son símbolos de aquella época. No todos siguieron el mismo camino: cuando Vladímir Putin llegó al poder, algunos oligarcas desafiaron al Kremlin y otros acomodaron su posición al nuevo orden. La riqueza podía ofrecer independencia, pero también dependía de no cruzar ciertas líneas políticas. El término "oligarca" no describía simplemente a un hombre muy rico; señalaba la concentración simultánea de dinero, influencia y acceso al Estado.

En la política británica hay donaciones declaradas de personas con vínculos personales o empresariales con Rusia. Eso no demuestra financiación del Kremlin. La ley permite donar a ciudadanos británicos con derecho a voto, aunque hayan nacido en otro país. La cuestión es si se verifica suficientemente el origen del dinero y si las leyes facilitan o dificultan esa comprobación, además de que exista voluntad política para realizarla.

Lubov Chernukhin, ciudadana británica nacida en Rusia, ha donado más de dos millones de libras al Partido Conservador desde 2014 y pagó sumas elevadas en subastas para jugar al tenis con Boris Johnson y David Cameron. Su marido, Vladímir, fue viceministro de Economía durante el primer Gobierno de Putin. En 2020, The Guardian y BBC Panorama informaron de documentos bancarios filtrados según los cuales una sociedad vinculada a Suleiman Kerimov transfirió ocho millones de dólares a Vladímir en 2016. No se halló ningún rastro que conectara esa transferencia con las donaciones de su esposa, y los Chernukhin negaron que existiera tal relación.

Alexander Temerko, empresario británico con pasado en la industria de defensa rusa, donó más de 1,2 millones de libras a los conservadores. Afirma que se opone a Putin. Las donaciones y las trayectorias están documentadas; atribuirles una dirección del Kremlin exigiría otras pruebas.

Evgeny Lébedev, propietario de medios e hijo del exoficial del KGB Alexander Lébedev, recibió un título vitalicio de Boris Johnson en 2020. La candidatura provocó preguntas sobre advertencias de seguridad que no se han hecho públicas por completo. Están documentadas la amistad, las reuniones y el nombramiento; no que Johnson actuara ilegalmente o que Lébedev representara una amenaza. En 2025, correos filtrados mostraron que la oficina de Johnson transmitió a Elon Musk una propuesta empresarial de Lébedev para su periódico Evening Standard. El contacto está acreditado; no demuestra por sí mismo un intercambio de favores.

El Centro para Estudios Globales de Robert Skidelsky recibió durante años financiación de Mikhail y Said Gutseriev. Una investigación de la Cámara de los Lores concluyó que ese dinero pagaba gran parte del personal y que el trabajo del centro servía de base para discursos e iniciativas parlamentarias de Skidelsky. El informe señaló problemas de registro y transparencia, pero no concluyó que los donantes compraran una posición concreta del partido en el Parlamento.

En otro caso, están documentadas sociedades y proyectos empresariales del príncipe Michael de Kent con Maxim Viktorov y Sergei Markov. Los dos empresarios ayudaron al sancionado Boris Rotenberg a buscar asesoría legal y servicios bancarios; el príncipe también prestó su nombre para promover una compañía de pagos. No hay indicios de que conociera esa maniobra. Son conexiones acreditadas; la complicidad no lo está.

Londongrad no fue una organización ni una colonia. Fue el nombre periodístico de una red de fortunas, sociedades, bancos, bufetes, agentes inmobiliarios, escuelas privadas, clubes y donantes. No todo ruso rico era oligarca ni estaba ligado al Kremlin. Aquí me refiero a empresarios cuya riqueza surgió de la privatización postsoviética y cuyo poder dependía, en distinto grado, de su relación con el Estado ruso.

Londres ofrecía tribunales respetados, mercados financieros internacionales y profesionales capaces de organizar cada aspecto de la vida de un multimillonario. La ciudad atraía capital y ofrecía algo más: una dirección prestigiosa, colegios para los hijos, abogados para las disputas y organizaciones culturales o benéficas que daban respetabilidad pública.

En 2018, la Comisión de Asuntos Exteriores de los Comunes advirtió que Londres seguía siendo un destino principal para oligarcas vinculados al Kremlin que buscaban ocultar activos o blanquear dinero procedente de la corrupción. El Comité de Inteligencia y Seguridad volvió sobre el asunto en su informe de 2020: describió una "lavandería londinense" sostenida por profesionales que gestionaban y defendían los intereses de la élite rusa. Ninguno de los dos informes sostuvo que todos los rusos adinerados ni todos los abogados o políticos relacionados con ellos trabajaran para Moscú.

Un año antes del informe, En+, grupo energético controlado entonces por Oleg Deripaska, captó cerca de mil millones de libras en una salida a bolsa en Londres. La operación cumplió las reglas vigentes, aunque los parlamentarios criticaron la señal política de financiar a una compañía asociada al Kremlin. El visado de inversor, por su parte, ofrecía una vía a la residencia permanente a quienes invirtieran al menos dos millones de libras; el Reino Unido no cerró el programa a nuevos solicitantes hasta 2022.

El modelo británico forma parte de un mercado internacional de permisos ligados a la inversión, aunque no todos ofrecen lo mismo. Portugal mantiene una autorización de residencia para inversores: tras la reforma de 2023, comprar una vivienda dejó de servir para obtenerla, pero siguen otras vías, como invertir 500.000 euros en determinados fondos no inmobiliarios. En Estados Unidos, el programa EB5 puede conducir a la residencia permanente si se invierten 1,05 millones de dólares (800.000 en ciertas zonas o proyectos de infraestructura) y se crean diez empleos. En Emiratos Árabes Unidos, una inversión inmobiliaria de al menos dos millones de dírhams puede dar acceso a una residencia Golden de diez años. Turquía va más lejos: contempla conceder la ciudadanía por un procedimiento excepcional a quien compre un inmueble por al menos 400.000 dólares y se comprometa a no venderlo durante tres años.

La Golden Visa española la instauró el Gobierno de Mariano Rajoy, del PP. Permitía a ciudadanos de fuera de la UE obtener residencia y trabajar en España a cambio de una inversión significativa. La vía más conocida era comprar uno o varios inmuebles por al menos 500.000 euros, sin hipoteca sobre esa cantidad. También se podía invertir en acciones, deuda pública, fondos o proyectos empresariales. Entre 2013 y 2023 se concedieron 14.576 permisos vinculados a inversiones inmobiliarias. La mayoría de las inversiones procedían de China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Irán, Venezuela y México. Se concentró en vivienda de precio alto y en zonas concretas. Marbella, Barcelona y baleares fueron las que atrajeron más. Provocó críticas por control del origen del dinero. El fin llegó bajo el Gobierno socialista de Pedro Sánchez en abril de 2025.

Las sanciones posteriores a la invasión de Ucrania alteraron el panorama, pero no hicieron desaparecer el dinero ruso. El caso más visible es el Chelsea. Roman Abramóvich vendió el club en 2022 después de que el Gobierno británico lo sancionara por sus vínculos con Putin. Los más de 2.500 millones de libras de la venta quedaron bloqueados en una cuenta británica. Abramóvich prometió destinarlos a ayuda humanitaria; Londres exige que se empleen en Ucrania. En diciembre de 2025, el Tesoro autorizó transferirlos a una fundación, pero la disputa sigue sin resolverse en octubre de 2026. Congelar el dinero impidió usarlo; no resolvió quién puede disponer de él ni cómo debe cumplirse el compromiso.

Las propiedades presentan otro problema: quién las controla realmente. En 2023, el Gobierno sancionó a asesores financieros y sociedades que, según su investigación, habían ayudado a Abramóvich y Alisher Usmanov a ocultar activos mediante estructuras offshore. Atribuyó a Demetris Ioannides redes societarias usadas para esconder más de 760 millones de libras de Abramóvich antes de su sanción. También sancionó empresas asociadas a Usmanov para inmovilizar inmuebles como Beechwood House, en Londres. Usmanov sostiene que las propiedades relacionadas con él pertenecen a fideicomisos irrevocables. La propiedad legal y el control efectivo pueden recaer en personas distintas.

El Registro de Entidades Extranjeras, creado en 2022, obliga a las sociedades extranjeras propietarias de inmuebles británicos a declarar a sus beneficiarios efectivos. Es un avance, no una radiografía completa: algunas propiedades y estructuras opacas siguen escapando a las estadísticas oficiales. Una investigación de The Guardian publicada en octubre de 2026, basada en documentos filtrados, reconstruyó movimientos de miles de millones de dólares relacionados con la fortuna de Abramóvich y describió papeles presuntamente alterados o fechados con anterioridad. Sus abogados negaron cualquier irregularidad. La investigación plantea preguntas; no es una sentencia.

El cine ha llevado este mundo al terreno del espionaje. "Un traidor como los nuestros" (2016), adaptación de John le Carré, presenta a Dima, un blanqueador de dinero de la mafia rusa que intenta refugiarse en los servicios secretos británicos y expone una trama que alcanza a la City. La película convierte el problema en un thriller de traiciones y persecuciones. Es ficción, no una reconstrucción de un caso real.

Los documentales ofrecen miradas distintas. "From Russia with cash", de Channel 4 en 2015, envió reporteros encubiertos a agentes inmobiliarios de Londres haciéndose pasar por compradores dispuestos a usar dinero robado de un presupuesto público ruso. La investigación mostró agentes que seguían adelante y recomendaban fórmulas para ocultar al comprador; documentaba esas conversaciones, pero no prueba que todo el mercado actuara así. "Rich, russian and living in London", de BBC Two también en 2015, entró en la vida de empresarios, coleccionistas y modelos rusos instalados en la capital: un retrato de lujo y de la industria de servicios que lo rodeaba, menos centrado en investigar delitos.

A una escala más amplia, el documental "Putin’s way", de PBS Frontline, también de 2015 relacionó la acumulación de riqueza y poder con el ascenso de Putin y describió la fascinación de la City por el dinero ruso. Juntos, estos trabajos muestran cómo la pantalla pasó del estilo de vida a la investigación inmobiliaria y, después, al thriller político. Sirven para entender el imaginario de Londongrad, pero las pruebas de cada acusación siguen estando en documentos, investigaciones y resoluciones, no en la dramatización.

El mapa tiene capas: activos congelados, propiedades de titularidad discutida, donaciones legales, contactos con políticos, financiación privada de investigación y nombramientos controvertidos. Algunas relaciones están respaldadas por transferencias, registros, informes parlamentarios o investigaciones oficiales. En otras hay versiones enfrentadas o preguntas abiertas.

Zac inventa un padre ruso porque reconoce una sociedad en la que una fortuna descomunal podía abrir puertas antes de que nadie preguntara quién la había construido. La radiografía no demuestra que el dinero ruso controlara Londres ni que cada vínculo escondiera una operación política. Muestra que las instituciones británicas ofrecieron cauces para convertir riqueza en seguridad, prestigio y acceso; y que, cuando quisieron cerrarlos, congelar el dinero fue más fácil que aclarar quién lo controlaba y qué relaciones había dejado atrás.

Carlos López-Tapia