"Saw VI", la falta de transparencia

Querido Teo:

Una vez más el Ministerio de Cultura crea polémica en el sector. La última decisión que ha tomado ha sido la calificación de la sexta entrega de la saga "Saw" como película X, la primera que obtiene esta valoración sin que la causa sea el contenido erótico de sus imágenes. Con esta sorprendente medida, el futuro del filme, que se debate entre ser proyectado en los cines convencionales o en las salas para adultos, está en boca de todo el mundo. Por el momento, su distribuidora, Buenavista International, ha interpuesto un recurso para que el largo de Kevin Greutert pueda pasarse en cualquier cine. Antes de que acabe el mes, el día 23, se sabrá si se mantiene la calificación o si el ministerio levanta definitivamente el castigo.

El problema parece enquistarse, y ni ministerio ni distribuidora quieren comentar nada acerca del problema. Los primeros se limitan a afirmar que la película se ha calificado X “por hacer apología de la violencia”, y los segundos, callan aconsejados por sus abogados, probablemente en vistas a un futuro pacto con Cultura que les permita proyectar el filme. Pero esta decisión suscita algunos interrogantes. ¿Quién o qué, concretamente, prohíbe que "Saw VI" llegue a los cines españoles?. ¿Es normal que en plena era de la información un organismo decida qué se puede y qué no se puede ver?.

La primera cuestión es más fácil de responder. El responsable de la polémica prohibición es un organismo llamado Comisión de Calificación de Películas Cinematográficas, dependiente del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Este órgano, cuyos miembros son elegidos a dedo dentro del Instituto, está compuesto por siete vocales. Todas las mañanas se reúnen en el sótano del ministerio para ver películas que después califican (para qué edad se recomiendan o si deben ser emitidas sólo en cines para adultos). Los nombres de los miembros de la Comisión son públicos, los recoge el B.O.E., y su mandato no puede exceder los dos años consecutivos.

Estas siete personas son, por normativa oficial, de toda ideología, edad y condición. Concretamente son cuatro mujeres y tres hombres relacionados con el sector, todos entre la veintena y los 70 años. Entre ellos hay actrices, una abogada, un productor y hasta un crítico musical. Trabajan todas las mañanas de lunes a viernes y su sueldo varía en función del número de productos audiovisuales que califican. No es preciso que trabajen todos los días, pero si son aplicados pueden cobrar hasta 1.200 euros al mes.

En el caso de “Saw VI”, no votaron los siete miembros, tan sólo cinco. Tres de ellos para que la película fuera X y dos para calificarla como no recomendada para menores de 18. Las cinco primeras entregas de “Saw” tenían esta última calificación. Uno de los miembros que votaron a favor de la etiqueta X, confiesa que reciben “presiones del ministerio” desde que la polémica saltara a los medios para que no filtren información a la prensa. “Yo voté X porque el principio es muy salvaje y porque el final justifica la venganza por la venganza”, dice. Resalta de la decisión de estos profesionales que películas donde también aparece violencia explícita como “Kill Bill” o “Malditos bastardos”, ambas de Quentin Tarantino, hayan pasado el filtro.

Pero la prohibición de la película no ha conseguido lo que la Comisión pretendía. Lejos de evitar que los menores accedieran con facilidad a la película, que desde la tercera entrega iba perdiendo adeptos, lo único que se ha logrado es aumentar el interés por el largo en este tipo de público, y del resto de los espectadores en general. Y es que en cuanto a la conveniencia de contar con un órgano censor, de lo que no se ha dado cuenta el ministerio es que, en pleno siglo XXI, es difícil poner puertas al campo. En otros tiempos el Estado podía controlar los contenidos a los que accedían los ciudadanos, pero ahora cualquiera puede ver “Saw VI” en Internet. Algunos usuarios contrarios a que el Gobierno decida por ellos qué es lo que pueden ver han creado grupos de presión en la red para que el ministerio de Ángeles González Sinde revoque su decisión. En redes sociales como Facebook ya existen colectivos para luchar contra esta postura paternalista. En definitiva, parece que esta ha sido una decisión que no ha servido para nada.

Jaled Abdelrahim Aranda y Santiago Gimeno (Alumnos Máster de Periodismo El País/UAM. Promoción 2009.)