Cine en serie: "Creednos", cuando la justicia empieza por no creerte

Querido Teo:

Una mujer sube a un taxi negro de Londres. El conductor charla, se muestra amable, cuenta que acaba de ganar un montón de dinero y ofrece una copa para celebrarlo. La escena pertenece a uno de esos espacios cotidianos que funcionan porque confiamos en ellos. Un taxi con licencia, un hombre que parece inofensivo, el trayecto de vuelta a casa. Después llega el vacío. Una memoria incompleta. La certeza de que ha ocurrido algo y la dificultad de demostrarlo. "Creednos" no necesita buscar un monstruo. Ya sabe quién es.

La miniserie reconstruye el caso de John Worboys, el taxista londinense que durante años drogó y agredió sexualmente a mujeres que recogía después de una noche de fiesta. Fue condenado en 2009 por delitos cometidos contra doce mujeres, aunque las investigaciones posteriores lo relacionaron con un número muy superior de posibles víctimas.

Worboys está ahí, interpretado por Daniel Mays, pero no es el centro. El centro son las mujeres que denunciaron, las que no fueron creídas y las que descubrieron que sobrevivir a una agresión podía ser solo el comienzo de otra pelea.

Aimee-Ffion Edwards interpreta a Sarah y Aasiya Shah a Laila, nombres ficticios utilizados para proteger la identidad de dos supervivientes reales. Miriam Petche encarna a Carrie Symonds, hoy Carrie Johnson, que también fue víctima de Worboys y que, años después, participaría de manera decisiva en la campaña para impedir su puesta en libertad. Julia Ford dirige los cuatro episodios.

"Creednos" empieza como un drama criminal, pero pronto aparece su verdadero antagonista: la incredulidad institucional. Sarah denuncia lo ocurrido. La policía recoge su relato, pero las preguntas dejan de buscar pruebas y empiezan a medir su comportamiento. No llora de la forma esperada. Ha bebido. Tiene lagunas. La investigación comienza a contaminarse con una idea antigua y todavía resistente: una mujer violada debe comportarse de una determinada manera para resultar creíble.

Con Laila ocurre algo parecido. Hay indicios, hay circunstancias que deberían investigarse y hay incluso imágenes que pueden ayudar a reconstruir lo ocurrido. Sin embargo, la sospecha vuelve a desplazarse hacia la denunciante. Una de las preguntas que recoge la serie resulta casi grotesca: si el color rojo de sus uñas decía algo sobre su carácter. No es una licencia dramática inventada para fabricar un policía desagradable. El caso real terminó llegando hasta el Tribunal Supremo británico y las conclusiones fueron mucho más duras que cualquier diálogo de ficción.

Dos víctimas de Worboys, identificadas judicialmente como DSD y NBV, demandaron a la Metropolitan Police por no haber investigado adecuadamente sus denuncias. La propia policía admitió errores importantes. En 2018 el Supreme Court confirmó que las deficiencias de la investigación habían vulnerado sus derechos y describió fallos de carácter estructural: existían protocolos para los casos de violación mediante drogas, pero no se aplicaban correctamente, faltaba formación y las denuncias no recibían el peso que exigían.

Aquí "Creednos" entra en un terreno especialmente incómodo. El machismo no aparece como un policía que pronuncia un discurso abiertamente misógino. Funciona de una manera más eficaz: está integrado en lo que se considera normal. ¿Por qué bebió? ¿Por qué aceptó la copa? ¿Por qué no recuerda? ¿Por qué no reaccionó como esperábamos? ¿Por qué su comportamiento posterior no coincide con nuestra idea de una víctima?

Los llamados mitos de la violación convierten esas preguntas en filtros de credibilidad. No investigan únicamente qué ocurrió; examinan si la mujer merece ser creída. El resultado puede ser una forma de segunda victimización en la que la denunciante sale del interrogatorio sintiendo que ha sido ella quien ha tenido que defenderse.

La serie acierta al mostrar que ese prejuicio no es un problema abstracto. Tiene consecuencias policiales. Si un investigador empieza convencido de que una mujer probablemente exagera, se confunde o se arrepiente de una relación consentida, buscará de otra manera, conectará peor los indicios y encontrará más fácilmente motivos para cerrar el caso. En el de Worboys, las oportunidades perdidas permitieron que continuara atacando.

Décadas después, el problema sigue sin poder darse por resuelto. La revisión independiente dirigida por Louise Casey sobre la Metropolitan Police concluyó en 2023 que existían problemas sistémicos y que la discriminación estaba incrustada en la organización; señaló además que las mujeres y los niños habían quedado especialmente desatendidos.

Conviene, sin embargo, separar policía y judicatura. El caso Worboys no permite afirmar de manera seria que los jueces que conocieron las principales demandas actuaran movidos por machismo. De hecho, ocurrió lo contrario en momentos decisivos.

Las víctimas ganaron su procedimiento contra la policía. Cuando la Metropolitan Police recurrió, volvieron a ganar en el Tribunal Supremo. Y cuando en 2018 el Parole Board decidió que Worboys podía salir de prisión, dos mujeres llevaron la decisión ante el High Court. El tribunal anuló la puesta en libertad y obligó a revisar el caso. Más tarde aparecieron nuevas denuncias y Worboys recibió otras condenas a cadena perpetua.

El problema judicial es más amplio y más difícil de señalar con un nombre propio. La Law Commission británica reconoció en 2025 que los llamados mitos sobre la violación pueden penetrar en el proceso penal e influir en la forma en que se valora la conducta de quien denuncia. El Gobierno anunció después reformas orientadas precisamente a combatir esos prejuicios y a reducir la experiencia traumática de las víctimas en los juicios por delitos sexuales.

Eso obliga a hacer una distinción importante. Exigir pruebas, someter un testimonio a contradicción y proteger la presunción de inocencia no es machismo. Es justicia. El sesgo aparece cuando las pruebas empiezan a valorarse desde estereotipos: la mujer que tarda en denunciar, la que había bebido, la que no recuerda, la que mantuvo contacto posterior con el agresor, la que no gritó, la que no se derrumbó en comisaría. "Creednos" encuentra su mejor material precisamente ahí. No en Worboys.

Daniel Mays interpreta al agresor sin convertirlo en una figura fascinante. Su trabajo tiene algo desagradablemente común. Ese hombre conduce un taxi, habla, sonríe, insiste, aprovecha la confianza asociada a su oficio. Jeff Pope ha explicado que no le interesaba entrar en la mente del depredador. Le interesaba lo que les ocurrió a las mujeres después.

La decisión es importante porque buena parte del "true crime" continúa entregando al asesino el privilegio de ser el personaje más interesante. Se reconstruye su infancia, se estudian sus obsesiones, se reproduce su voz y se fabrica alrededor de él una mitología. "Creednos" se niega a regalarle ese espacio.

La serie prefiere observar a Sarah intentando reconstruir una vida que ya no encaja, a Laila cargando con algo que le cuesta contar incluso a su familia y a las dos convirtiendo progresivamente la impotencia en acción judicial. Esa transformación proporciona el verdadero movimiento dramático de los cuatro episodios.

Aparece además una crueldad institucional extraordinaria. Después de denunciar, de soportar la investigación fallida, de ver condenado al agresor y de demandar a la policía, las víctimas descubren que Worboys puede obtener la libertad condicional. Algunas ni siquiera han sido avisadas correctamente. Tienen que volver a organizarse.

Ahí entra Carrie Symonds. Cuando se conoce la decisión del Parole Board, utiliza su experiencia profesional y su visibilidad para impulsar una campaña pública. Las supervivientes vuelven a convertirse en la fuerza que obliga al sistema a revisar su propia decisión.

El título español, "Creednos", funciona mejor de lo que parece. Puede sonar a petición emocional, pero la serie no reclama fe ciega. No dice que una denuncia deba sustituir a una investigación. Dice exactamente lo contrario: una denuncia merece una investigación real. Creer, en este contexto, significa no empezar por desacreditar.

Significa que una copa aceptada no equivale a consentimiento sexual. Que una laguna de memoria puede ser consecuencia del trauma o de una sustancia. Que beber no convierte a nadie en responsable de la agresión sufrida. Que una mujer puede llorar, quedarse inmóvil, enfadarse, mostrarse fría o incluso intentar continuar con su vida y seguir siendo víctima de un delito.

Cuando el prejuicio está en el sistema. El sexismo entre jueces, fiscales y policías no es una opinión. Es un hecho. Conviene empezar así porque durante mucho tiempo la discusión se ha planteado como si estuviéramos ante dos percepciones igualmente subjetivas. De un lado, quienes denuncian la existencia de prejuicios machistas en la justicia y en la policía; del otro, quienes consideran esa denuncia una exageración feminista o una descalificación injusta de profesionales que se limitan a aplicar la ley.

Pero hay un problema con este planteamiento: los Estados europeos llevan años modificando leyes, protocolos policiales, sistemas de interrogatorio y formación de jueces y fiscales precisamente para corregir esos prejuicios. Y los Estados no modifican sus sistemas judiciales para solucionar problemas imaginarios.

España, Francia, Bélgica, Suecia, Reino Unido, Italia, Alemania o los Países Bajos han intervenido de distintas maneras durante los últimos años. No todos tenían exactamente el mismo problema ni adoptaron las mismas soluciones. Pero detrás de muchas de esas reformas aparece una preocupación común: la manera en que policías, fiscales y jueces valoran el comportamiento y la credibilidad de las mujeres que denunciaban violencia sexual.

No estamos hablando solamente de asociaciones feministas diciendo que las mujeres no eran creídas. Estamos hablando de inspecciones policiales, organismos europeos, tribunales internacionales y gobiernos que llegaron, cada uno por caminos diferentes, a conclusiones incómodamente parecidas.

Durante décadas sobrevivió una determinada idea de cómo debía comportarse una mujer que hubiera sufrido una violación.

Debía resistirse, gritar, intentar escapar, denunciar inmediatamente. Debía recordar los hechos con precisión, mostrarse afectada, pero no demasiado; coherente, pero no fría; traumatizada, pero suficientemente ordenada para reconstruir ante desconocidos uno de los episodios más violentos de su vida. Y, sobre todo, debía comportarse como los demás imaginaban que se comportaría una víctima. Ahí estaba el problema. Porque cuando una mujer no encajaba en ese personaje aparecía la sospecha.

¿Por qué volvió a hablar con él? ¿Por qué tardó tantos días en denunciar? ¿Por qué había bebido? ¿Por qué fue a su casa? ¿Por qué no gritó? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué hay pequeñas contradicciones en su relato? Cada pregunta puede ser legítima dentro de una investigación. El problema aparece cuando todas ellas se utilizan para investigar principalmente a quien denuncia y no a quien ha sido denunciado.

Eso es exactamente lo que detectaron, por ejemplo, las propias instituciones británicas cuando revisaron en 2021 el tratamiento de las violaciones en Inglaterra y Gales: demasiada atención sobre la conducta y la credibilidad de la denunciante y demasiado poca sobre el comportamiento del sospechoso. Es una diferencia fundamental.

Investigar una denuncia significa comprobar los hechos. Desconfiar sistemáticamente de la víctima significa otra cosa. Y esa otra cosa tiene historia. Durante siglos, la sexualidad femenina ha estado sometida a categorías morales que nunca tuvieron equivalente masculino. La mujer prudente y la imprudente. La decente y la provocadora. La mujer que merecía protección y la que se había puesto voluntariamente en peligro. Sería extraordinario que siglos de cultura desaparecieran mágicamente al atravesar la puerta de una comisaría o ponerse una toga. No desaparecieron.

Por eso los organismos europeos encargados de vigilar la violencia contra las mujeres han encontrado estereotipos de género en distintos sistemas judiciales. Por eso han señalado interrogatorios que cuestionaban innecesariamente la credibilidad de las denunciantes. Por eso han criticado la utilización de su vida sexual, su comportamiento posterior o el tiempo transcurrido hasta la denuncia como indicios implícitos de que su relato podía ser falso. Y por eso hubo que intervenir.

En España se introdujeron nuevos protocolos policiales y se reformó profundamente la legislación sobre libertad sexual. En Suecia, Alemania, Dinamarca, Países Bajos y otros países se fueron modificando las definiciones legales de los delitos sexuales para abandonar modelos excesivamente centrados en la resistencia física, la violencia explícita o la capacidad de la víctima para demostrar que había luchado.

También cambió la formación. Policías especializados. Unidades específicas. Nuevas instrucciones para tomar declaración. Formación sobre trauma. Formación sobre estereotipos. Formación para fiscales. Formación para jueces. La propia Unión Europea terminó incorporando esta cuestión a su legislación. La directiva europea de 2024 sobre violencia contra las mujeres exige formación destinada a combatir los estereotipos de género entre quienes intervienen en estos procedimientos.

La pregunta resulta entonces bastante sencilla. Si esos estereotipos no existían, ¿para qué había que formar a policías y jueces para evitar que influyeran en sus decisiones? La respuesta es incómoda, pero difícilmente discutible. Existían. Esto no significa que todos los policías sean machistas. Ni que todos los jueces lo sean. Ni que todo hombre denunciado sea culpable. Ni mucho menos que una denuncia deba convertirse automáticamente en una condena. Nada de eso se deriva de reconocer el problema.

Una democracia debe proteger simultáneamente dos principios que no son incompatibles: el derecho de una mujer a que una denuncia sea investigada sin prejuicios y el derecho del acusado a la presunción de inocencia. Creer que una mujer merece ser escuchada no significa declarar culpable al hombre al que acusa. Parece elemental, pero buena parte del debate público ha conseguido confundir ambas cosas. La presunción de inocencia pertenece al acusado. El prejuicio contra la denunciante no pertenece a nadie. Eliminar uno no exige eliminar la otra.

Quizá uno de los ejemplos más reveladores ocurrió en Italia. En 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos censuró una sentencia relacionada con una denuncia de violación porque los jueces habían introducido consideraciones innecesarias sobre la vida sexual, las relaciones y el comportamiento de la denunciante. El problema no era que un tribunal hubiera absuelto a los acusados. Los tribunales pueden absolver. Deben hacerlo cuando las pruebas no permiten condenar. El problema era el razonamiento empleado para valorar a la mujer.

Ahí está la frontera que a veces se intenta borrar. Denunciar el sexismo judicial no significa exigir condenas. Significa exigir que una mujer no tenga que superar, además de la prueba jurídica, una prueba moral. Que no tenga que demostrar que es suficientemente respetable. Que no tenga que representar correctamente el papel de víctima. Que su ropa, su pasado sexual, su carácter, su consumo de alcohol o una reacción traumática inesperada no sustituyan a la investigación de los hechos.

Europa ha ido corrigiendo poco a poco ese modelo. De manera incompleta, desigual y, a veces, después de escándalos que dejaron al descubierto sus fallos. Pero precisamente esas reformas permiten responder a una discusión que todavía aparece constantemente.

¿Ha existido sexismo en la forma en que policías, fiscales y jueces han tratado las denuncias de violencia sexual? Sí. No porque lo diga una determinada corriente política. No porque haya que aceptar una teoría general sobre el patriarcado. No porque todas las mujeres digan siempre la verdad. Lo sabemos porque las propias instituciones conocen el problema, lo describieron y modificaron leyes y procedimientos para intentar corregirlo.

Podemos discutir su magnitud, si determinadas reformas fueron acertadas, si algunas fueron demasiado lejos o se diseñaron mal. Podemos discutir incluso qué significa exactamente llamar "machista" a una institución. Lo que resulta mucho más difícil es afirmar que el fenómeno no existe. Porque quedan las leyes, los protocolos, las sentencias. Quedan los informes, y queda una pregunta elemental que atraviesa todos ellos: ¿por qué hubo que corregirlo?

"Creednos" llega por eso en un momento en el que el caso que cuenta pertenece al pasado y la pregunta que formula continúa en presente. La serie tiene cuatro episodios. John Worboys ocupa una parte de ellos. El resto pertenece a quienes tuvieron que hacer algo que nunca debió corresponderles: demostrar no solo que habían sido atacadas, sino que las instituciones que debían protegerlas habían decidido demasiado pronto qué clase de mujeres merecían ser creídas.

Vídeo

"Creednos" puede verse en España en Movistar+

Carlos López-Tapia